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Antecedente más significativo

17 junio 2009

España tiene una costa envidiable que llega hasta los 7.880 kilómetros. El 24% son playas y son un territorio muy valioso por las posibilidades que ofrece. Por este motivo, la demanda en esta superficie es creciente. Aún así, no se puede satisfacer toda debido a que son unas hectáreas muy sensibles y difíciles de recuperar después de ser explotadas.

Nuestra costa está afectada por un fuerte incremento de la población y por las migraciones interiores debido a que los ciudadanos se desplazan cada vez más del interior a la costa. Además, el sector terciario también acecha y complica aún más la situación.

El antecedente legislativo más significativo es la Ley de Costas del 28 de Julio de 1988. La Ley representó en su día unos de los esfuerzos legislativos más importantes y, exceptuando la Ley de Costa del 26 de Abril de 1969, nunca se había profundizado tanto en la historia legislativa costera en el estado español. La intención del Estado era proporcionar a los ciudadanos el disfrute de un bien común como son la costa y su entorno y garantizar los derechos sobre ellos.

 La Ley de Costas elaboró la columna vertebral de la ordenación territorial de la costa. Aún así, y muy lamentablemente, a día de hoy esta legislación no es lo rotunda que se esperaba debido a los intereses económicos locales, que pueden imponer sus planes generales. En la actualidad, la mayoría de municipios recalifican los terrenos y los convierten en “no urbanizables” o en “urbanizables” a través de sus planes de gestión y ordenación urbana para ajustar sus presupuestos.

 A todo esto, se le pueden añadir desigualdades injustificadas en distintas ciudades de España. En Alicante hay zonas mucho más permisivas con las construcciones y en la misma Comunidad Autónoma, concretamente en Elche, las entidades públicas son mucho menos condescendientes y abogan por derribar todas las viviendas que se acerquen demasiado al mar.

 En conclusión, se podría decir que la Ley de Costas está totalmente anticuada y los organismos públicos la manipulan a su antojo para los intereses particulares.

 

Joan Fàbregas Capellas 2º Comunicación Audiovisual UIC

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